El aumento de las tarifas eléctricas en Chile afectará a los hogares más vulnerables. Si bien el país cuenta con una estrategia de transición socioecológica “justa”, los costos del alza de la luz recaen en quienes sufren los impactos de la generación energética y en aquellos que tienen menos posibilidad de costearla.
En 2020, el Banco Mundial señalaba que el 99,8% de los chilenos tenía acceso a electricidad. Sin embargo, la encuesta CASEN 2022, mostró que casi el 17% de la población es vulnerable. A pesar de la accesibilidad a la electricidad, si los hogares deben destinar gran parte de sus ingresos a cubrir los costos de la energía, hablamos de pobreza energética.
Según la CNE, la minería usa el 35% de la electricidad total del país -versus el 15% residencial- mostrando que la distribución no es equivalente y privilegia a la industria. Esta es la raíz de la pobreza energética, evidente en la destrucción de territorios como Quintero-Puchuncaví, Mejillones, Lota-Coronel y otros conflictos entre empresas, pueblos enteros y sus comunidades.
Chile se comprometió en la COP25 a alcanzar un 70% de uso de energía renovable para el 2030. Así, el debate sobre la energía en nuestro país alcanzó velocidad y visibilidad. En función de los desafíos globales y compromisos internacionales se han desarrollado distintas estrategias para una transición energética y para una transición justa, esta última poco realista y mal ejecutada.
El alza en las tarifas representa una oportunidad para integrar perspectivas económicas, sociales y medioambientales a la construcción de soluciones, las cuales pueden incluir mejoras en la eficiencia energética de las viviendas, fomento de proyectos de energía comunitaria y desarrollo de programas educativos. La justicia energética no es sólo una cuestión de equidad social, sino una necesidad imperativa para el desarrollo sostenible.
Felipe Fontecilla, Founder y CEO de Emergence Chile.
