Opinión

EL OASIS EN LLAMAS

Javier Agüero Águila, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule y director del Centro de Investigación en Religión y Sociedad.

 

Hace más de una década escuché decir a Gabriel Salazar la siguiente frase: “Las instituciones no saben morir”. La frase me interpeló intelectual y políticamente, y todavía hoy me sirvo de ella para explicar de qué se trataría la transformación social, dónde podría encontrar un ecosistema favorable y quién sería el sujeto histórico destinado a llevarla adelante. La frase de Gabriel nos explica que al statu quo, a la institucionalidad imperante, a la cultura política, económica y social de un país, a fin de cuentas, no le va naturalmente su propia decadencia. Las instituciones se pueden perpetuar y auotopoyéticamente reproducir si es que no son presionadas por agentes que le son externos, exógenos, ex-céntricos. La pregunta que surge entonces es: ¿qué es lo que puede cambiar la institucionalidad y cultura de un país que no soporta un gramo más de abuso? Trataremos de responder esto un poco más adelante.

Hemos sido testigos, sobre todo a partir de un descarado, arbitrario y planificado trabajo de los medios de comunicación masivos, de los llamados actos de vandalismo que se cuelan en la protesta social, señalando que lo que ocurre en Chile responde al ejercicio planificado de un movimiento anarquista extendido y con células múltiples que ha coordinado acciones de desestabilización. La derecha piensa que se trata de un “brote” de violencia, de una suerte de coyuntura específica que no encuentra razones estructurales para explicarse y que, al fin, es un asunto de jóvenes radicalizados, surgidos de la zona más oscura de una marginalidad “panketa” que no han sabido –generación perdida– del respeto a la autoridad. ¿Ha respetado el Estado la vida de millones de chilenos que se sienten postergados y habitantes de un margen del que no podrán salir jamás? El modelo neoliberal, nuestro verdadero dogma y religión ¿ha invitado a todos y todas a la fiesta del chorreo, de la riqueza, de la buena educación, de los viajes, de la cultura y del mundo globalizado? ¿tiene derecho una persona que ha sido condenada desde que nació a la peor salud, a la peor educación (si es que la tuvo), al peor barrio, a la aventura macabra del Sename, etc., a despreciar aquello que en su vida no ha significado más que exclusión y desintegración?

No se trata aquí de hacer una apología de la violencia, a nadie le gusta ver estaciones de metro (que le sirven –justamente– a los más pobres) quemadas, o un país paranoide donde en los supermercados se ve a gente comprando harina por quintales y azúcar por sacos, tal como se generó con el triunfo de la Unidad Popular que llegaría “para extender su manto de caos y falta de aprovisionamiento”. Se trata de decir que la violencia no la inventó el/la que protesta. No es posible entender lo que ocurre si nos atrincheramos en la pirotecnia mediática de la evasión del metro. En Chile la violencia viene desde todos lados menos de la protesta social. Hablamos de la violencia real, traumática y definitiva en la vida de un ser humano, de aquella que permite que un empresario en orgía con su propiedad privada sea capaz de echarnos de una costa que nos pertenece a todos; de las isapres y sus ganancias del 100%; de las pensiones de hambre; de la muerte en los consultorios; del famoso CAE y el endeudamiento al que sometió a miles de chilenas y chilenos que, hasta el día de hoy, están pagando su educación. Insisto, no se trata de defender actos de violencia, sino de saber cuál es la violencia real y que explica por qué hoy, el “oasis” de Piñera (así llamó a Chile en relación a todos los demás países del continente), arde como los bosques chilenos en los veranos infernales.

Si alguien cree que esta cultura del abuso que nos es tan propia y que quizás encuentre su antecedente más añejo en la hacienda decimonónica chilena (podríamos ir más atrás y remontarnos a la tragedia del pueblo mapuche) la van a superar los mismos que abusan, es que no entendemos nada; si alguien piensa que la institucionalidad diseñada racional y estratégicamente según las necesidades de un modelo neoliberal y que hace de los pobres más podres (pero aspiracionales) y de los ricos más ricos la va a transformar, precisamente, los más ricos, es que estamos narcotizados con el discurso de la meritocracia. Solo puede arrinconar a una institucionalidad abusiva aquellos que son sujeto del abuso, los que saborean migajas y quienes no han sido parte del “bacilón” mercantil del Chile post-Pinochet, los mismos que frente a la ausencia radical de un discurso político que los aglutine echan mano a sus pasiones y reaccionan con la cólera del justo, puesto que de otra manera no serían visibilizados. Cuánto resuena, a esta altura, el eco de Gabriel Salazar.

El reciente fin de semana el Presidente de la República sacó a los militares a las calles decretando estado de emergencia y después toque de queda. Con esto, no solamente se pasó por el aro al enorme trauma que se activa en una sociedad como la chilena cuando los tanques, las botas, las metralletas y los cascos deambulan entre civiles, sino que también evidenció su enorme incapacidad política para resolver conflictos sociales severos como éste y que apuntan, si es que no se toman medidas políticas de calibre grueso, a una fractura mayor en la sociología de un país como Chile. Después, nos enfrentó y radicalizó hablando de una “guerra” interna que es tan artificial como mentirosa. Más militares en las calles igual más caos y menos legitimidad. La ecuación es fácil y no hay que saber sumar.

Si esto no se enfrenta con política, en el sentido amplio y con todos los actores sociales, y transformaciones estructurales que cambien objetiva y concretamente las reglas del juego, el famoso oasis de Piñera seguirá en llamas. Mientras la racionalidad económica siga gobernando a la política el fuego no se extinguirá y seremos un incendio más en la nutrida vitrina de autoritarismos de América Latina.