Desde Australia hasta Europa, distintos países están avanzando en prohibir o limitar el uso de redes sociales en menores de 16 años, poniendo el foco en la salud mental y la necesidad de una responsabilidad compartida.
El uso de redes sociales en menores de 16 años se ha convertido en una preocupación global, impulsando a varios países a establecer restricciones o prohibiciones con el objetivo de proteger la salud mental, el desarrollo emocional y el bienestar de niños y adolescentes. En este contexto, expertos plantean la necesidad de abordar este fenómeno desde un enfoque de protección integral y corresponsabilidad social, más allá de una medida aislada.
A nivel internacional, el debate ha avanzado rápidamente. Australia se posiciona como el país más estricto, al implementar una prohibición total para menores de 16 años. En Europa, Francia avanza en restringir el acceso a menores de 15, mientras que Portugal exige consentimiento parental entre los 13 y 16 años e impide el acceso a menores de 13. En la misma línea, Grecia anunció que prohibirá el uso de redes sociales en menores de 15 años a partir de 2027, citando efectos negativos en el sueño y la ansiedad.
Otros países como España, Dinamarca, Indonesia y Malasia también están impulsando regulaciones en torno a los 15 o 16 años, consolidando una tendencia global orientada a limitar la exposición temprana a entornos digitales altamente demandantes.
El psicólogo Andrés Benítez advierte que “la evidencia muestra que el uso intensivo de redes sociales en edades tempranas está asociado a mayores niveles de ansiedad, problemas de autoestima, alteraciones del sueño y dificultades de concentración”, especialmente en etapas donde el desarrollo emocional aún está en proceso.
Desde el ámbito educativo, el director del Colegio Nocedal señala que “estos efectos ya se observan en la sala de clases, con estudiantes más dispersos y con dificultades en la convivencia escolar”, mientras que el director del Colegio Puente Maipo agrega que “no basta con prohibir: se requiere acompañamiento, educación digital y un trabajo coordinado entre familias y colegios”.
El fenómeno, advierten especialistas, debe abordarse considerando dimensiones clave como la salud mental, el desarrollo cognitivo, los derechos de la infancia, la evidencia internacional y la corresponsabilidad. En este último punto, subrayan que no es suficiente trasladar la responsabilidad a las familias, sino que también deben involucrarse el Estado y las plataformas tecnológicas.
La discusión, entonces, no es solo si prohibir o no, sino cómo generar condiciones reales de protección para niños y adolescentes en entornos digitales cada vez más influyentes en su desarrollo.
